Nuestra misión :

Defender los derechos y la dignidad del niño en todo el mundo

27 febrero 2018 | 16:25

Acciones de incidencia a favor de los niños y niñas detenidos en Guatemala

©Shakom/Shutterstock
©Shakom/Shutterstock

El ICCPG que es el socio del BICE en Guatemala es un observatorio privilegiado para seguir la evolución de la justicia juvenil en el país. Sus representantes estaban en Ginebra a principios de enero para presentar su informe al respecto a los expertos del Comité de los Derechos del Niño.

Avances en materia de justicia restaurativa

La situación de los niños y niñas en conflicto con la ley en Guatemala ha experimentado algunos avances desde el último examen realizado por el Comité de los Derechos del Niño en 2010.
Como lo recuerda Karina Mendez Vielman, representante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) “Guatemala se dotó de una ley de protección integral para los niños, niñas y adolescentes. Esta ley incluye una parte que se dirige más específicamente a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Ésta es particularmente importante ya que presenta una visión de la justicia restaurativa en relación con la doctrina de la protección integral del niño.”

De hecho, desde 2010, 23 jueces especializados en justicia juvenil han sido nombrados. Se pronuncian hoy más que nunca a favor de medidas no privativas de la libertad. En 2016, sólo el 38% de los 1 933 adolescentes a quienes se impusieron sanciones penales está detenido; los otros se beneficiaron de programas socioeducativos en centros adaptados.

Pero, el destino de estos jóvenes detenidos en Guatemala sigue siendo muy preocupante y el ICCPG quiso alertar a la comunidad internacional al respecto.

La situación de los niños y niñas detenidos en Guatemala sigue siendo alarmante

Los adolescentes detenidos en Guatemala están concentrados en cuatro centros y todos se sitúan en la provincia de Guatemala. Y las condiciones de detención no dejan de deteriorarse…

El último estudio del ICCPG subraya un hacinamiento catastrófico en estos centros. El hacinamiento en los centros representa por sí solo una violación de los derechos del niño. En noviembre pasado, los centros acogían a 847 detenidos, con una capacidad total inicialmente fijada a 525, o sea una tasa de 161%.

Las condiciones de detención en estos centros son deplorables. Los adolescentes deben comer en su celda, las salidas fuera para algunos se limitan a dos horas por semana (1 hora de paseo y 1 hora de actividades) y los derechos de visita son muy limitados. No hay suficiente personal y el acceso a la salud es prácticamente imposible con sólo dos médicos y un psiquiatra para el conjunto de los cuatro centros. Y por fin, no se está implementando ningún programa de inserción y reintegración sociofamiliar hasta la fecha. De hecho, aumenta el índice de reincidencia y los niños y niñas vuelven a ingresar en las bandas.

Las acciones de incidencia a favor de los niños y niñas detenidos en Guatemala

Guatemala estaba en el orden del día de la 77a sesión del Comité de los Derechos del Niño (del 15 de enero al 2 de febrero). En el marco de las acciones de incidencia del programa Niñez Sin Rejas, el BICE y el ICCPG encontraron al grupo operativo (task force) del Comité que se encarga de estudiar el informe sobre la situación de los niños y niñas en Guatemala.

En efecto, antes de cada examen, el Comité constituye un grupo operativo (task force) que se compone de una parte de sus miembros. Este grupo (task force) se encarga de analizar en profundidad la situación del país a partir del informe que le transmite el Estado, pero también y sobre todo a partir de la información que le facilitan otras fuentes (UNICEF, ONG, etc.). Así el grupo se encuentra en mejores condiciones para interrogar a la delegación del Estado durante el examen.

El BICE y el ICCPG entregaron su informe al grupo operativo (task force) y expresaron sus preocupaciones por los niños y niñas detenidos en Guatemala. Estas preocupaciones han sido transmitidas durante el examen. El Comité pidió al Estado guatemalteco que se explique en particular sobre el hacinamiento en los centros de justicia juvenil y la inexistencia de un programa de reinserción, especialmente para los adolescentes procedentes de bandas.

Para saber más, el resumen que propusieron el BICE y el ICCPG al Comité de Derechos Humanos.